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13 de September del 2025 a las 09:51 -
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El Poder Judicial solicitó recursos presupuestales para fortalecer la atención frente a la violencia basada en género y la protección de las infancias
Reitera su compromiso con la protección de las personas más vulnerables, y con la prevención y sanción de la violencia basada en género, asegurando que todos los operadores del sistema puedan trabajar con los recursos y la capacidad que la sociedad exige
Reitera su compromiso con la protección de las personas más vulnerables, y con la prevención y sanción de la violencia basada en género, asegurando que todos los operadores del sistema puedan trabajar con los recursos y la capacidad que la sociedad exige

El Poder Judicial ha incluido en su proyecto presupuestal un capítulo específico destinado a la violencia basada en género y a la protección de las infancias (Capítulo IV - artículos 37 a 40), con el objetivo de responder al creciente aumento de casos y garantizar una atención oportuna y eficiente a las personas más vulnerables.
En este marco, se ha solicitado la creación de 24 nuevos juzgados de violencia basada en género, de los cuales 18 serían para el interior del país y 6 para Montevideo. Actualmente, el presupuesto del Poder Ejecutivo contempla solo 5 juzgados adicionales, exclusivamente para el interior: 3 en Ciudad del Plata y 2 para otros departamentos, sin ninguna asignación para la capital.
Desde la aprobación de la Ley Nº 19.580, que se implementó sin recursos para la creación de juzgados, el Poder Judicial ha realizado un esfuerzo sostenido para atender la demanda. Recién en el presupuesto de 2020 (Ley 19.924, art. 542) se consiguieron 3 juzgados para el interior. Cifra que, con recursos propios y reordenamiento de sedes, se elevó a 8 juzgados distribuidos en los departamentos de: Maldonado (4), Salto (2) y Rivera (2).
Sin embargo, la demanda supera ampliamente la capacidad actual: entre 2023 y 2024, las audiencias vinculadas a violencia basada en género y protección de la infancia en el interior del país crecieron un 30%, con los mismos jueces, técnicos y defensores, lo que hace inviable sostener la situación sin recursos adicionales.
Se han detectado lugares donde se inician anualmente más de 1.000 expedientes por violencia basada en género y donde actualmente no existen juzgados especializados, siendo el departamento de Canelones el más crítico, con aproximadamente 4.500 expedientes iniciados anualmente. A estos casos se suman los expedientes que ya están en trámite y requieren seguimiento y resolución.
Esta situación evidencia la necesidad de políticas públicas comprensivas y un abordaje técnico especializado, que solo pueden garantizarse con la creación de más juzgados y la disminución de la saturación del sistema.
La importancia de la materia también se refleja en el presupuesto solicitado: casi un 30% del incremento total solicitado está destinado a atender la violencia basada en género y la protección de las infancias, lo que demuestra que esta demanda constituye una prioridad para el Poder Judicial frente a la creciente necesidad de atención a la población vulnerable.
Los juzgados solicitados buscan alcanzar una capacidad mínima de atención a la población vulnerable, incluyendo la posibilidad de incrementar sedes mediante transformaciones internas, como ya se ha hecho. A 8 años de aprobación de la ley 19.580 urge la asignación de recursos para la aplicación integral.
Actualmente, los magistrados reciben entre 30 y 50 llamadas diarias con denuncias, sumadas a 10-15 audiencias diarias y numerosos expedientes en trámite, en un ritmo de trabajo que excede la capacidad del sistema.
Pero además, en 2024, los jueces especializados realizaron más de 3.200 visitas a centros del INAU para monitorear la situación de bebés, niños, niñas y adolescentes, en cumplimiento a la Acordada 8.208, surgida tras repetidas constataciones de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Nuestro presupuesto solicitó la incorporación de más defensores -72 en total para estos juzgados-, técnicos (actuarios, psicólogos, psiquiatras, etc.) y funcionarios, fundamentales para garantizar la calidad y oportunidad del servicio judicial. La cuenta es clara: si aumentan las audiencias un 30% se necesitan más magistrados, defensores, técnicos y funcionarios.
Por otra parte, conscientes de la importancia que implica la capacitación en la materia, el proyecto presupuestal también contempla la capacitación en violencia basada en género (artículo 40) para sumar a la que ya vienen realizando nuestros magistrados/as y defensores/as a través de la Escuela Judicial (CEJU).
La Suprema Corte de Justicia subraya que estos pedidos presupuestales no son caprichosos, sino la respuesta a una necesidad urgente y constante. El compromiso del Poder Judicial con la materia es firme: con recursos limitados, se han podido crear 8 juzgados, y se espera que el sistema político otorgue los recursos necesarios para que este Poder continúe brindando respuestas oportunas y efectivas en una materia donde, literalmente, está en juego la vida de las personas.
El Poder Judicial reitera su compromiso con la protección de las personas más vulnerables, y con la prevención y sanción de la violencia basada en género, asegurando que todos los operadores del sistema puedan trabajar con los recursos y la capacidad que la sociedad exige.

Fuente: Poder Judicial



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