El trabajo de rastreo se enmarca en desapariciones ocurridas entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Mariana Mota, indicó que el acuerdo se propone dar cumplimiento a la ley n.° 19.822, de búsqueda de detenidos desaparecidos y habilita al acceso de archivos públicos o privados, en cualquier punto del país, para recabar los datos necesarios para las investigaciones, solicitar copias de documentos y otras amplias facultades.

Mota explicó que el convenio de colaboración posibilita el trabajo de investigación en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional del Uruguay y en la Dirección Nacional de Registro de Estado Civil; sin perjuicio de que puedan hallarse otros lugares de interés.

Agregó que en las últimas horas, el organismo firmó con el Ministerio de Defensa Nacional, un acuerdo de confidencialidad que cambiará la forma de acceso a los archivos. Antes de este acuerdo de trabajo, la Institución debía solicitar que se les proporcionara la documentación, en tanto que a partir de ahora los investigadores tendrán acceso directo a esos escritos y a otros que pudieran desconocer su existencia.

“Todo ello en el marco de la búsqueda de información que permita nutrir las líneas de investigación y que permita conocer las circunstancias de la desaparición de tantos uruguayos y uruguayas cuyos destinos todavía no sabemos”, dijo y agregó que “urge saberlo y poder resolver esas heridas”.

En esa línea, señaló también que se han firmado acuerdos con los ministerios de Salud Pública e Interior.

Construcción de memoria y consolidación del Estado de derecho 

En el acto de firma, que se llevó a cabo en la sede de la INDDHH, el ministro José Carlos Mahía expresó que se trató de una actividad “tan simbólica, tan cargada de pasado y de futuro para nuestro país”. Remarcó que no se trata solamente de un acuerdo administrativo, sino que se trata de una expresión concreta de cooperación interinstitucional de transparencia y compromiso con la verdad”.

Añadió que desde el MEC se tiene claro que abrir archivos es fortalecer la democracia, contribuir a la construcción de memoria, a la vigencia de los derechos humanos y a la consolidación del Estado de derecho, y que este acuerdo es un paso más en esa dirección, reflexionó.

En cuanto al período de revisión, afirmó que se trata de “años que forman parte de nuestra historia reciente y exigen del Estado una respuesta seria, responsable y sostenida en el tiempo”.

Señaló que desde su secretaría de Estado se asumió el compromiso de facilitar el trabajo de la INDDHH posibilitando el acceso irrestricto a los archivos que resulten relevantes. También se entregarán copias de la documentación requerida sin oponer criterio de secreto, confidencialidad o reserva. Asimismo se habilita el acceso directo a bases de datos digitalizadas y se designará un funcionario referencia para acompañar técnicamente el trabajo archivístico.