En forma adjunta a esta nota y la anterior, ofrecemos el petitorio de la Fiscal Departamental de Mercedes de 2º Turno, Dra. Luisa Vago dirigido a la titular de la sede judicial de Primera Instancia de Mercedes de Primer Turno, Jueza Dra. Ximena Menchaca, solicitándole el sobreseimiento para los siete imputados en la causa que investigó delitos contra la Administración Pública, en este caso la Intendencia de Soriano, y que originó la formalización de la investigación el 13 de marzo del 2025, fijándosele medidas cautelares a los siete, que incluía la prisión domiciliaria que duró 53 días en algunos casos y en otros unos días más, siendo monitoreados por tobilleras electrónicas, además de otras medidas, como el arresto domiciliario nocturno durante otro lapso más.
Que con el tiempo y ante el insistente pedido de las Defensas, las opiniones de los especialistas en el Derecho Penal, Profesores de la Cátedra que señalaban serios errores en la imputación de determinados delitos y de la severidad de las medidas cautelares, ante pedido de las Defensas y contra la voluntad de la Fiscal de turno, la Jueza fue morigerando esas medidas paulatinamente.

LAS DERIVACIONES POLITICAS
En el caso del Intendente Guillermo Besozzi se le pretendía coartar la posibilidad de ser candidato en la elección departamental cuando aun legalmente le asistía la presunción de inocencia y ninguna norma legal que lo impidiera.
No le permitieron votar en su circuito porque se trataba de un local donde funcionan oficinas de la comuna y él tenía vedado acercarse a la intendencia y a sus dependencias, incluso sus abogados cuando fueron a consultar a la Fiscal de turno recibieron como respuesta que si votaba se debería atener a las consecuencias, pero como fue palabra contra palabra no se pudo denunciar.
Y ya luego de haber sido electo, se pretendió por primera vez desde la entrada en vigencia el Nuevo Código del Proceso Penal en noviembre 2017, hacer valer una interpretación diciendo que las imputaciones debían ser comunicadas por la Justicia a la Corte Electoral a los efectos de suspender la ciudadanía, con el objetivo que no asumiera el mandato popular emanado de las urnas y allí apareció la figura de un hombre identificado con el Frente Amplio pero que la vida política y el transitar diario lo ubica más allá de cualquier bandera partidaria, Wilfredo Penco, el Presidente de la Corte Electoral y votó a conciencia, quebrando el mandato partidario de tratar de impedir que Besozzi asumiera, liderado por el Dr. Korzeniak (hijo), a quienes varios medios confundieron y dieron mayor cobertura que se trataba del histórico y reconocido constitucionalista, Dr. José Korzeniak felizmente aun entre nosotros, un señor con todas las letras, respetado por todos los partidos, exSenador de la República.
Pero Wilfredo Penco y su conciencia se impusieron junto a quienes mantuvieron el criterio que la propia Corte Electoral ya había adoptado mucho tiempo e informado al Poder Judicial que las imputaciones no se debían comunicar, en el sentido que aun se presume la inocencia del investigado y Besozzi pudo asumir el mandato dado por una mayoría en las urnas al Partido Nacional y dentro de éste, a su persona, con una campaña atípica, que lo tuvo en su gran mayoría, preso y dirigiéndose a la población a través de los medios tecnológicos de hoy.

LAS INVESTIGACIONES FISCALES Y JUDICIALES
Pero todo esto tiene una razón, en lo judicial, el inicio de una investigación en el seno de ADEOMS después de haber provocado un incendio en el local cedido por la Intendencia para que funcionara la sede del sindicato de la comuna.
Y a ello se sumaban las múltiples denuncias por cheques sin fondos, las apropiaciones indebidas de los descuentos que se le hacían a los socios y no se volcaban a las instituciones y comercios que debían recibirla, entre otros delitos, en conjunción con algún seudo empresario, que llevó a la condena del presidente y tesorero del sindicato y de ese seudo empresario que le ayudaba a cambiar cheques sin fondos, además de deudas en múltiples comercios e instituciones, y allí se secuestran los celulares de los condenados.
Y en el celular del tesorero de ADEOMS surge, siempre por dichos en sala de la sede judicial de la Fiscal de ese momento Dra. Stella Alciaturi, que el tesorero del sindicato junto con otros trabajadores municipales estaban utilizando combustibles, aceites y materiales de la comuna, vendiéndolos en beneficio propio, dando comienzo a otra investigación, pero siempre dentro de la misma carpeta.
Y allí es que comienzan a caer funcionarios municipales y compradores privados superando más de una veintena de condenados y quedando una tanda más "prontos" para ser condenados con sus acuerdos abreviados ya arreglados pero que nunca llegaron al Juzgado.

Y en medio de esa investigación de ADEOMS surge la comunicación en determinado momento del Presidente de ADEOMS con el Intendente Besozzi para solicitarle un adelanto de las partidas mensuales del sindicato y con el teléfono interceptado del Presidente de ADEOMS, la Fiscal Alciaturi decide solicitar la intervención del teléfono celular del Intendente Besozzi, decisión que mantuvo durante un extenso lapso, derivando allí la investigación hacia otra línea diferente y que tuvo las consecuencias que se encaminan tras un año de imputación y medidas cautelares al pedido de sobreseimiento de la Fiscal que tomó la causa al reintegrarse de su licencia.
Es decir que tenemos una carpeta, la ADEOMS, con tres líneas de investigación, la propia de los hechos del sindicato, la de hurtos y venta de materiales de los funcionarios en general de Obras a particulares y la taercera vinculada a la Administración Pública.

LAS FISCALES DE LA CAUSA
Una causa que tuvo tres fiscales actuando, en primer término la Dra. Stella Alciaturi que tuvo varias idas y vueltas en la causa a medida que iba avanzando, demoró en comenzar a investigar lo de ADEOMS, aunque ella estaba en Rivera cuando comenzó la causa, pero llegó al poco tiempo y tuvo la pericia de Bomberos en forma bastante cercana en el tiempo para poder actuar, y por el otro turno el Dr. Carlos Chargoñia tenía también denuncias contra ADEOMS por diferentes maniobras que mencionamos, debían unificarse, pero ello recién ocurre cuando Chargoñia se jubila, retirándose en abril 2025 y en mayo unifica (aunque se olvida Alciaturi de la falsificación de firma del presidente a la secretaria) y allí comienza a imputar con medidas cautelares a los dirigentes gremiales y al seudo empresario palmitense.
Y cuando hablamos de idas y vueltas de la Fiscal Alciaturi nos referimos, entre otras a que imputado el tesorero de ADEOMS, entre otros delitos por peculado, cuando lo condena, en algo absolutamente inusual, le retira el cargo de peculado en un acuerdo abreviado, cuando los propios compañeros lo señalaban como parte del grupo que realizaba las maniobras, ¿cuál fue el acuerdo?
Cuando en sala dijo a través de las declaraciones del presidente de ADEOMS que éste tenía acceso a las escuchas telefónicas porque algún funcionario policial le pasaba la información generando titular periodístico por tamaña filtración y luego la propia Fiscal tuvo que llamar a @gesor para que hiciéramos otra nota debido a que se había equivocado, porque los policías encargados de las escuchas le hicieron ver que en esos meses que mencionaba el presidente de ADEOMS, su teléfono no estaba intervenido, ¿no pudo haber chequeado antes eso y no dejar mal parados a los policías? Dejó una lista de compradores de materiales con acuerdos abreviados ya arreglados y nunca pasaron por el Juzgado, varios se "quedaron esperando la citación".
Lo que sí quedó claro es que en el caso de los jerarcas de la comuna, imputó a los siete en base a los audios, sin investigar en profundidad cuando tuvo el tiempo más que suficiente, y lo hizo de esa manera por sabía que se iba para Atlántida porque había pedido el traslado, incluso en la conferencia de prensa en la vereda del Juzgado metió en el medio del tema a la Fiscal Dra. Karen Escobar que había ascendido a Fiscal Departamental y estaba ejerciendo -hasta ahora- en Salto, que era quien venía a ocupar su lugar, cuando en realidad ni siquiera habían hablado con ella, y fue la propia Dra. Escobar la que se encargó de desmentir ello y que tampoco podía aceptarlo.
Cuando ya se había ido terminó sumariada y sancionada por la Fiscalía General de la Nación por escribir y repicar en su muro de redes sociales, consignas político partidarias a favor del Frente Amplio y en contra del Partido Nacional.

En medio la FGN envió a la Dra. Charline Ferreyra, que cuando consultamos en reiteradas ocasiones quien iba a venir a hacerse cargo de 2º Turno para continuar con la causa, desde la Fiscalía se nos dijo, "se envió a la Dra. Ferreyra para hacerse cargo del caso".
Y era tal cual, desde el primer momento, la Dra Ferreyra vino con una sola motivación, cerrar la causa, convocando a las Defensas para ofrecerles acuerdos abreviados, pero siempre con delitos de penalidad gravosa, que fueron todos rechazados. Con una forma de comunicación que generó rispideces con la mayoría de las Defensas, tanto en el relacionamiento diario como en las audiencias, porque sólo vino a imponer utilizando un tono confrontativo que no ayudó en nada, y siempre cuestionó cualquier pedido de morigerar las medidas cautelares, quedó muy evidente que vino a dar continuidad a lo que se había dejado, y sin investigar absolutamente nada. Durante su estadía no profundizó en nada la investigación del caso, incluso quiso presentar en los últimos días antes de irse una acusación, pero la frenaron, porque ella se iba y quienes quedaban acá eran quienes debían defender la posición sin tener armas para hacerlo.

La Dra. Luisa Vago (foto) ya había ascendido a Fiscal Departamenal y fue designada para Mercedes, ocupando el Primer Turno, tras la jubilación del Dr. Carlos Chargoñia, posteriormente la Fiscalía General de la Nación la pasó como titular de 2º Turno, pero estuvo varios meses sin poder ejercer por licencia maternal, hasta que se reintegró.
Desde el primer momento que volvió a trabajar tomó el caso de la Intendencia de Soriano, se puso al tanto de lo que había, tomando como base los audios, algunas declaraciones y poca cosa más.
A partir de ello, la Dra. Vago se puso a trabajar, y lo hizo como debió hacerse desde el primer momento, tomando cada una de las imputaciones y los casos, solicitando a través de oficios la presencia de personas vinculadas a instituciones y particulares a declarar, tanto como testigos como indagados acompañados por abogados, pidió el envío de documentación en cada uno de los casos que se consideraba debería haber un respaldo administrativo, es decir que profundizó en la investigación, para poder contrastar lo que decían los audios, con documentación y testimonios de las personas involucradas, todo lo que hasta allí no se había hecho.
Y así fue desmenuzando, como se puede ver en el petitorio que se adjunta a esta nota y en la anterior donde dimos a conocer las conclusiones a que arribó.
Enumerando con lo que se encontró a la hora de las formalizaciones y lo que se pudo hacer luego en la continuidad de la investigación para poder llegar a la conclusión que arribó.
La Dra. Vago tiene la grandeza de tratar de salvar a sus colegas y especialmente a la institucionalidad de la Fiscalía, pero quien lea como lo hicimos nosotros el petitorio claramente se extrae de ahí que faltó investigar más en el tema, que si bien los audios pueden ser útiles, no constituyen prueba por sí mismos, se utilizaron, se tuvieron en cuenta, pero a la hora de contrastar ello con la documentación conseguida y los testimonios recogidos, lo que se presumía en la formalización, no podía alcanzarse como plena prueba para condenar en muchos casos y en otros tantos, ni siquiera había delito, hasta se destaca que se cumplieron con los pasos administrativos que deben efectuarse en la gestión pública de los recursos.
Todo ello está reflejado en el petitorio, podrá gustar o no el pedido final, pero esto va más allá, el trabajo profesional y allí la Dra. Vago fue la única Fiscal que trabajó para poder llegar a una conclusión, cosa que no hicieron sus antecesores.
A su vez reiteramos tiene la grandeza de tratar de salvar de cara al futuro, eventuales juicios por daños y perjuicios de los afectados, que fueron seriamente perjudicados en los más variados aspectos, y que en algunos casos que ya conocemos apuntan a ir contra la Fiscal que actuó de la manera que lo hizo, es decir la Dra. Alciaturi, más que contra la institución, pero por añadidura seguramente terminen yendo por ambas responsabilidades, la individual y la institucional, más allá del intento de la Dra. Vago de salvar las formalizaciones aunque reconozca que no se logró plena prueba para ir por una condena.

Adjuntamos el petitorio completo de la Fiscal Dra. Vago solicitando el sobreseimiento con el análisis caso por caso, delito por delito