En diálogo con la prensa, la titular del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustemberg, recordó que existe la ley n.° 20.376, reglamentada a finales del año 2025, que brinda garantías a la infancia y adolescencia. La normativa obliga a trabajar en conjunto y a aunar la fragmentación, lo que permitirá una resolución más efectiva y pragmática, explicó la jerarca, quien señaló, además, la reciente instalación de un gabinete que aborda temas vinculados a esta población. 

Este ámbito, que es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, fue presidido en su primer encuentro por el presidente de la República, Yamandú Orsi. Sobre su funcionamiento, la secretaria de Estado aseguró que, entre otras acciones, procurará fortalecer los equipos y generar espacios para que se resuelvan, por ejemplo, situaciones de maltrato con la mayor celeridad posible.

“Cuando llega un expediente del Poder Judicial, se trata de un niño que está en riesgo, es una situación, no es un expediente que pueda transitar un año y después tengamos que lamentar esto”, dijo en alusión al caso de Jonathan, el adolescente de 15 años asesinado días atrás en Flor de Maroñas, víctima de reiterados maltratos.  

En ese sentido, aclaró que el gabinete fue convocado antes de ese episodio, ya que su instalación era parte de la reglamentación de la citada ley. Dijo que era un compromiso del Gobierno y del Estado trabajar por el acceso a las prestaciones, a los derechos y a la vida de niños y adolescentes, y recordó que debe estar garantizada en el país. 

Lustemberg valoró puesta en práctica del gabinete interinstitucional

La ministra ratificó el compromiso de esta administración, de la ciudadanía, de todo el sistema político y de las organizaciones de la sociedad civil con estos temas. Remarcó que aún hay mucho por hacer, como el fortalecimiento de la cantidad de equipos para reparación de daños. “Es muy significativo que el gabinete comience a sesionar con objetivos para el año 2026, pero sobre todo a corto plazo, que trabajemos de forma más eficiente y pragmática quienes tenemos responsabilidades”, afirmó. 

Definió como “una señal muy buena” que la ley fuera votada por todo el sistema político y que el país defina esta prioridad. Informó que una parte de la normativa ya está reglamentada, lo que agiliza los procesos y el vínculo con el Poder Judicial y, ante una situación de riesgo, la toma de acciones de forma más acelerada.

La ministra hizo énfasis en que la población realice las denuncias correspondientes a través de la línea telefónica 0800 5050 del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Recordó que, en 2024, 8.924 niños y adolescentes fueron víctimas de alguna situación de abuso o maltrato atendidos por los equipos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), y señaló, con preocupación, que esas cifras continúan en aumento.