Uruguay es reconocido como un país de certezas jurídicas, reglas claras y estabilidad macroeconómica, pero aún restan desafíos para dirigirnos hacia la construcción de un país que ofrezca más agilidad, menos costos y controles más eficientes, definió el presidente de la República, Yamandú Orsi, en la presentación de un conjunto de medidas para impulsar la competitividad y la innovación. 

Para este fin, Orsi informó en conferencia de prensa que el Gobierno presentará al Poder Legislativo un proyecto de ley de competitividad e innovación con cuatro capítulos específicos: comercio exterior, regulación de la competencia, innovación y agilización de trámites. 

“Queremos que se transforme en ley”, afirmó el mandatario al inicio de su participación en la conferencia que se desarrolló en la sala de prensa de Torre Ejecutiva. Sobre el final, Orsi subrayó su confianza en el sistema político uruguayo para avanzar en este debate. “Hay un país que espera que resolvamos los problemas de ingresos de los uruguayos, por lo que innovar resulta fundamental y ello debe ir de la mano de una competitividad cada vez mejor”, reflexionó.

Gobierno abre instancia de diálogo con la sociedad

Este proyecto será presentado al Parlamento dentro de un plazo que finalizará el 31 de mayo, adelantó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone. 

El proyecto de ley fue presentado a los representantes de las cámaras empresariales, universidades y analistas, intercambios que continuarán con delegaciones de consultoras y sindicatos. 

La iniciativa incluye medidas para agilizar trámites, cambios al Código Aduanero, actualización de normas asociadas al comercio exterior y fortalecimiento de la competencia.

El Gobierno abrió un período para recibir preguntas y sugerencias del sector privado, que culminará el 24 de abril. Una normativa construida con aportes de todos los uruguayos “se va a traducir en un país con más inversión y más trabajo, a una velocidad que el mundo nos exige”, definió el secretario de Estado.

Las estimaciones del MEF indican que estas acciones constituyen un ahorro estimado para el comercio exterior de unos 20 millones de dólares al año.

El ministro fue enfático cuando afirmó que la mejora de la competitividad en Uruguay “no puede venir de la política macroeconómica”. En este aspecto, precisó: “el tipo de cambio no es la variable” porque “es inefectivo” y tiene consecuencias en la inflación y, por lo tanto, en el ingreso de las personas”. Afirmó que el enfoque del Gobierno es “atacar los problemas en diversos sectores donde la formación de precios no es la más adecuada y que complejizan el accionar”.

Medidas para la promoción de la competencia

• Declaraciones en lugar de certificaciones: Tanto en importaciones y exportaciones se sustituyen los certificados por declaraciones. 
  
  En lo referente a las importaciones, se incluirá en la declaración aduanera la información necesaria para el control posterior de la DGI en el caso de trámites de exoneraciones y pago del impuesto específico interno (Imesi) y del impuesto a la enajenación de los bienes agropecuarios (Imeba). Esta medida involucra a 25.000 trámites, un 15% del comercio exterior anual.
  
  Para las exportaciones, el control tributario sobre las que retornan se hará posteriormente para evitar costos logísticos imprevistos.
   
• Digitalización: Se elimina documentación en soporte papel en tramitación de operaciones de comercio exterior. 
  
  La Aduana gestionará la documentación complementaria del Documento Único Aduanero (DUA) únicamente mediante documentos electrónicos. 
  
  Asimismo, se eliminará la obligación de guardar la documentación de las operaciones en soporte papel, solo se utilizará el archivo electrónico, lo que implica ahorro en costos por servicios de almacenamiento y tareas para la gestión de la documentación física de 400.000 operaciones aduaneras al año.
   
• Buenas prácticas internacionales: Para facilitar el pago de las obligaciones, se permitirá diferirlo dentro del mismo mes del despacho constituyendo garantía. 
  
  Este cambio implica un ahorro financiero para las empresas porque se reduce su necesidad de fondeo.
   
• Optimizar uso de instrumentos de control: Se establecerá que el canal rojo en operaciones aduaneras solo se utilizará en base a criterios de riesgo, ya que la verificación física y documental de las operaciones y genera demoras en el despacho.
  
  Este cambio implica una reducción de verificaciones físicas y por tanto, ahorro para las empresas en sus importaciones.
   
• Beneficios para el operador económico calificado (OEC): No se requerirá para los referidos operadores el uso de precinto electrónico en tránsitos de cadenas certificadas. 
  
  Los exportadores catalogados OEC podrán cobrar la devolución de tributos 30 días luego de completar el despacho. 
  
  Este cambio implica un importante ahorro en operaciones de tránsito y exportación donde participan operadores comprometidos con la seguridad de las cargas.
   
• Beneficios para el transporte ferroviario: Se implementarán mecanismos de control aduanero simplificados para el transporte por modo ferroviario, lo que permitirá reducir costos operativos a empresas que presten servicios logísticos de esta forma.

Nuevas medidas de simplificación del comercio exterior