El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, se refirió al debate que se ha generado a raíz de la modificación del artículo 38 de la Ley de Salud Mental aprobada recientemente en el Presupuesto Nacional. Allí se estableció la extensión del plazo para el cierre de los centros asilares y se eliminó la prohibición de internación de personas en los establecimientos existentes.

En ese sentido, Pereira se mostró a favor de estos cambios, ya que consideró que hoy en día “no están dadas las condiciones materiales, institucionales ni sociales para el cierre de centros monovalentes ni para la prohibición de ingresos”.

“Desconocer esta realidad puede generar consecuencias graves para usuarios, familias y trabajadores. Por eso, la modificación del artículo 38 no es un retroceso, sino una adecuación que permite sostener la atención mientras se avanza en la transformación del sistema”, sostuvo Pereira.

Para el presidente de la FFSP, el desafío no es cerrar estructuras, sino cambiar el modelo, y destacó la apertura de CEREMOS, dirigido a la atención de pacientes en situación de mayor vulnerabilidad, con problemáticas complejas que muchas veces exceden la salud mental.

“Hoy el sistema está absorbiendo una realidad social sin respuesta: se estima que hay unos 250 pacientes sociales en hospitales de la región sur que permanecen institucionalizados por falta de alternativas”, contó Pereira y consideró que para resolver esta situación es necesario articular con otros organismos del Estado, como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

“Sin esa coordinación, cualquier intento de cierre o prohibición de ingresos es impracticable y puede empujar a muchas personas a la calle, más aún de cara al invierno”, señaló.

Según informó, en el Hospital Vilardebó, cerca del 63% de las personas internadas son pacientes judiciales, lo que, para Pereira, “evidencia la necesidad de mayor articulación entre salud, justicia y políticas sociales”.

En ese sentido, también puso de manifiesto la falta de profesionales tanto en Montevideo como en el interior para atender estas problemáticas.

“La falta de psiquiatras impacta directamente en la calidad de atención y vulnera derechos. Y es necesario decirlo con claridad: aun cuando existen salarios de alta dedicación que pueden alcanzar hasta los 371.000 pesos mensuales en ASSE, con niveles de cumplimiento horario que muchas veces no superan el 50% en estos cargos a nivel general, persiste la negativa a trabajar en ASSE”, contó Pereira.

Frente a esta falta de personal, el presidente de la FFSP planteó la necesidad “urgente” de avanzar en la incorporación de profesionales, incluso del exterior, como ocurrió con el Hospital de Ojos, ya que sostuvo que esta población “no puede seguir esperando”.

“Insistir en cierres o prohibiciones sin alternativas solo agrava el problema. Transformar la salud mental requiere inversión, planificación y desarrollo de dispositivos comunitarios, pero también respuestas concretas frente a las urgencias actuales. Mantener los cambios introducidos permite avanzar sin poner en riesgo la atención”, indicó Pereira.

Y agregó: “No se trata de renunciar a los principios, sino de hacerlos posibles. Porque hoy, sin lugar a dudas, la salud mental en Uruguay es una urgencia”.