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La problemática de las personas en situación de calle ha dejado de ser un fenómeno exclusivo del área metropolitana para transformarse en una realidad que afecta a todo el territorio nacional. Así lo afirmó Laura Cafaro, adjunta a la Dirección Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). En diálogo con @gesor Cafaro analizó los complejos factores que inciden en esta coyuntura: salud mental, consumo problemático, la reinserción de liberados del sistema penitenciario y, de manera creciente, el impacto del crimen organizado.
Al ser consultada sobre las personas que cumplen condena y quedan liberadas en ciudades del interior (como Mercedes) lejos de sus departamentos de origen, Cafaro destacó la puesta en marcha de un nuevo pan estratégico. "Hace poco se presentó un programa que también lo lidera el Ministerio de Desarrollo Social, particularmente con la DINALI (Dirección Nacional del Liberado), que también forma parte de lo que es la Dirección Nacional de Protección Social” llamado Libertad Segura.
Explicando que el objetivo medular es la prevención. "La idea es poder empezar a trabajar con las personas antes de que sean liberadas, para poder ir encaminando la parte de educación, la parte de vivienda, de trabajo, porque si no lo que pasa es que las personas son liberadas y terminan en situación de calle". El proyecto ya se encuentra en funcionamiento con la expectativa de evitar que el egreso del sistema carcelario sea un pasaje directo a la intemperie.
Un diagnóstico nacional: Fronteras, zafras y exclusión
Respecto a la distribución geográfica del fenómeno, Cafaro fue tajante al señalar que "hay presencia de personas en situación de calle en todo el país, ese es un primer diagnóstico, o sea no es un tema montevideano, metropolitano". Aseguró que en varios departamentos los propios vecinos y autoridades se muestran "bastante sorprendidas en relación al aumento y a la presencia" de esta población.
El MIDES identifica perfiles críticos según las características de cada región:
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Zonas fronterizas.
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Departamentos turísticos: Donde la gente asiste a trabajar durante el verano y luego queda varada sin empleo.
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Zonas de producción agrícola: Departamentos marcados por las zafras de la naranja o el arándano. "Llama a mucha gente pero que después, primero que trabaja muchas horas con salarios muy reducidos y por otro lado después, bueno, queda ahí y no tiene, digamos, cómo sobrevivir, cómo subsistir", apuntó Cafaro.
La irrupción del crimen organizado y los desplazamientos forzados
Uno de los puntos más alarmantes del diagnóstico actual refiere a las situaciones vinculadas al crimen organizado, específicamente el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armamentos.
Cafaro denunció una realidad compleja que obliga al Estado a intervenir en nuevas formas de vulnerabilidad. "Hay zonas de Montevideo donde hay familias enteras que están siendo desplazadas". El ministerio ha recibido a personas cuyas viviendas han sido ocupadas por delincuentes. Asimismo, reciben ciudadanos amenazados en sus barrios, "no por estar ellos involucrados en situaciones delictivas sino por, por ejemplo, tener una deuda por el tema del consumo".
"Ustedes saben que en particular tenemos barrios en Montevideo pero también algunos barrios en el interior donde hay bandas de crimen organizado que en esos mal llamados ajustes de cuenta han dejado víctimas día por medio de balaceras que son asesinadas en plena nocturna del día”. Agregando “el ministerio se está encargando también de dar respuesta a esas situaciones que hasta hace poco no teníamos en el país”.
Recursos presupuestales
Al abordar la necesidad de mayores recursos y compromiso político, la jerarca reconoció que "si no hay recursos suficientes hay cambios que posiblemente cuesten más", aunque aclaró que algunas transformaciones pasan por la gestión y no por lo económico.
De todas formas, confirmó que la Dirección Nacional de Protección Social recibió un refuerzo presupuestal tanto el año pasado como el corriente para robustecer la respuesta en el interior y atender a colectivos específicos, como las mujeres.
En ese sentido, Cafaro resaltó la creación y el funcionamiento del Comité de Personas Gestantes, un dispositivo interinstitucional integrado por Uruguay Crece Contigo (UCC),
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Inmujeres, Secretaría Nacional de Drogas y Dirección Nacional de Protección Social.
Este comité se reúne periódicamente para abordar los casos captados de mujeres que transitan su embarazo en la calle. "Si ya de hecho para una mujer es altamente riesgoso, para cualquier persona, pero más para las mujeres, estar transitando en una situación de calle, imagínense estando cursando un embarazo", reflexionó. Actualmente existe un dispositivo especial en Montevideo, pero la jerarca enfatizó que el comité técnico opera y da seguimiento a nivel de todo el país.
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