MADRES Y FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

CRYSOL – Asociación de ex presas y ex presos políticos del Uruguay

Montevideo, 22 de julio de 2026

Ante el decreto tramitado en el expediente N.º 2026-2-1-0001011, por el cual se dispone que la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente pase a integrarse a la estructura orgánica y funcional de la Secretaría de Derechos Humanos, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y Crysol – Asociación de ex presas y ex presos políticos del Uruguay manifestamos nuestra profunda preocupación.

No consideramos que se trate de una modificación meramente administrativa. La institucionalidad mediante la cual el Estado asume sus responsabilidades frente a los crímenes del terrorismo de Estado expresa una definición política. Por eso, no creemos que estas decisiones sean casuales, neutras ni azarosas, menos aún cuando fueron adoptadas sin información previa ni diálogo con las víctimas, los familiares y las organizaciones de derechos humanos.

El Uruguay ha recorrido un largo camino. Desde 2005 se adoptaron decisiones que permitieron avanzar en las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura; se restableció la pretensión punitiva del Estado, se reabrieron causas judiciales y se crearon herramientas como la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria y los mecanismos estatales de búsqueda de las personas detenidas desaparecidas. Estos avances fueron el resultado de décadas de lucha social y no pueden ser debilitados.

Hemos caminado mucho juntos en este proceso. Cada conquista ha exigido perseverancia, movilización y compromiso. No aceptamos ninguna señal política o administrativa que implique un retroceso en materia de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición.

Seguimos afirmando que lo que falta es la decisión política necesaria para avanzar efectivamente. Continúa pendiente una orden clara y expresa del Presidente de la República a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que poseen y permitan conocer dónde están nuestros familiares detenidos desaparecidos.

El tiempo pasa inexorablemente, mientras las víctimas, los familiares y las expresas y expresos políticos envejecemos sin obtener todas las respuestas. Las deudas históricas del Estado no desaparecen mediante cambios de organigrama ni pueden eliminarse por decreto.

Nos preocupa que la incorporación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente dentro de una estructura general pueda implicar la pérdida de su especificidad, jerarquía, autonomía operativa y capacidad para impulsar y coordinar políticas públicas frente a obligaciones estatales que permanecen incumplidas.

Advertimos, además, que se suprimen algunos cometidos y se modifica el alcance de otros. No toleramos una depuración temática que fragmente, reduzca o diluya las responsabilidades asumidas por el Estado. La continuidad administrativa no se garantiza mediante afirmaciones generales ni formulaciones ambiguas, sino mediante competencias expresas, equipos especializados, recursos suficientes y responsabilidades claramente establecidas.

Deben preservarse todas las acciones que contribuyan a la búsqueda e identificación de nuestros familiares, así como las competencias relativas a la localización, análisis, sistematización y digitalización de documentación; el acceso a archivos estatales; el apoyo a las investigaciones judiciales; el reporte ante organismos internacionales; la construcción y transmisión de la memoria; la reparación integral; las garantías de no repetición y la protección y restitución del derecho a la identidad.

Consideramos central continúe una unidad especializada mediante la cual el Estado reconozca su responsabilidad, coordine las políticas vinculadas al pasado reciente y establezca mecanismos públicos de seguimiento, información y rendición de cuentas.

Por estas razones, solicitamos al Poder Ejecutivo que informe públicamente: · cómo se adoptó esta decisión y qué autoridades participaron; · cuál será la estructura orgánica y funcional resultante; · qué cometidos fueron eliminados, modificados o reasignados; · qué recursos técnicos, presupuestales y humanos serán destinados; · cómo se garantizará la continuidad de todas las líneas de trabajo; · y qué mecanismos permanentes de participación y diálogo se establecerán con las víctimas, los familiares y las organizaciones de derechos humanos.

No aceptamos que las responsabilidades del Estado se vuelvan difusas ni que las obligaciones pendientes se pierdan dentro de una estructura general. La institucionalidad dedicada al pasado reciente debe ser fortalecida y contar con la jerarquía, la especificidad, las competencias y los recursos necesarios para avanzar.

Convocamos a las organizaciones sociales y sindicales, al movimiento estudiantil, a las organizaciones de derechos humanos y a todo el pueblo uruguayo a permanecer atentos y alertas ante las consecuencias de esta decisión.

La búsqueda de las personas detenidas desaparecidas, el juzgamiento de los responsables y la lucha contra la impunidad son obligaciones irrenunciables del Estado y compromisos de toda la sociedad.

¿Dónde están?

Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 

CRYSOL – Asociación de ex presas y ex presos políticos del Uruguay