El pasado 25 de setiembre, la Fiscalía de Adolescentes de 1er Turno, en el marco de la investigación de un hecho de violencia ocurrido el 17 de septiembre en una escuela pública -en el que una maestra resultara agredida- una adolescente fue responsabilizada por dos infracciones graves a la ley penal, tipificadas como un delito de agresión a trabajadores de la educación, en concurso formal con un delito de lesiones personales especialmente agravado, cometidos contra una integrante del personal del centro educativo en ejercicio de sus funciones.

Como consecuencia de lo actuado, se impuso a la adolescente una medida socioeducativa no privativa de libertad, consistente en siete meses de libertad asistida, así como la prohibición de comunicación y de acercamiento respecto de la víctima, a fin de resguardar su integridad y evitar cualquier situación de revictimización.

Las agresiones contra quienes desempeñan tareas educativas no constituyen hechos aislados ni admisibles, pues afectan no solo a las personas directamente involucradas sino también al derecho de niños, niñas y adolescentes a aprender en entornos seguros y respetuosos. 

Asimismo, se destaca que el abordaje de los casos en que participan adolescentes se rige por los principios de especialidad, respuesta proporcional y finalidad socioeducativa, procurando que la intervención del sistema penal juvenil promueva la responsabilización y la reinserción social de la persona menor de edad.