16 de octubre de 2026

A las fuerzas políticas que nutren nuestro sistema democrático y a sus militantes, A la opinión pública,

Hay momentos en los que resulta complejo encontrar palabras nuevas, porque llevamos mucho tiempo diciendo, de distintas maneras, algo simple: queremos saber. Queremos saber qué pasó, queremos saber dónde están, queremos que les busquen, queremos encontrarles.

Uruguay recibió nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia de supervisión de las sentencias Gelman (2011) y Maidanik y otros (2021). Una vez más, quedaron en evidencia los múltiples incumplimientos del Estado. A excepción de los avances en materia de Justicia, impulsados por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, esta situación nos lleva a acercarnos a todo el espectro político. Quizás haya llegado el momento de hablar menos de expedientes y más del tiempo. Ya no podemos permitirnos seguir esperando.

Encontrar a nuestros detenidos desaparecidos no puede depender de acciones aisladas, de esfuerzos sectoriales o de organismos que trabajan cada uno desde su lugar, sin una conducción política clara que articule, coordine y comprometa al Estado en su conjunto.

Uruguay tiene leyes, instituciones, equipos preparados, investigaciones, información acumulada durante décadas, testimonios, archivos, sentencias y obligaciones concretas. Entonces, la pregunta inevitable es: ¿por qué seguimos sin saber dónde están? Esto no se soluciona creando nuevas instancias, cambiando nombres, estructuras o procedimientos. Tampoco se consigue con cada persona y unidad administrativa haciendo una parte.

No alcanza con que sean los organismos internacionales quienes, una y otra vez, tengan que recordarle al Estado uruguayo aquello que se comprometió a hacer. Necesitamos una decisión política clara, que atraviese gobiernos, partidos e instituciones. Una decisión que establezca que encontrar a las personas detenidas desaparecidas es verdaderamente una prioridad del Estado y que actúe en consecuencia.

Esto incluye una orden directa a las Fuerzas Armadas, exigiéndoles que entreguen toda la información relacionada con nuestros familiares desaparecidos: desde los operativos de detención, los traslados, los centros clandestinos, las torturas y los asesinatos, hasta el destino final y la ubicación precisa de sus restos. La salud de nuestra democracia exige terminar con esta transición eterna y subordinar definitivamente a las Fuerzas Armadas al poder civil, tal como lo demanda nuestra Constitución.

No podemos seguir esperando que aparezca, por arte de magia, nueva información o que un hallazgo fortuito vuelva a abrir una puerta. Durante décadas hemos escuchado que no existe información, pero también vimos aparecer documentos, testimonios y versiones que terminaron demostrando que lo dicho durante años por los mandos era falso. Sabemos que los crímenes fueron cometidos por el accionar orgánico militar, con sus aparatos de inteligencia, sus operativos y las personas que dieron y obedecieron órdenes; sabemos también que existen quienes conocen lo ocurrido y que esa información debe salir a la luz. Por eso, no podemos aceptar que la respuesta, después de casi cincuenta años, continúe siendo simplemente que no saben nada.

La desaparición forzada tiene una crueldad particular: continúa sucediendo cada día que pasa sin que sepamos dónde están. Esta herida, constantemente abierta, no abarca únicamente el dolor de las familias: la desaparición forzada también busca disciplinar, agredir y amenazar a la sociedad en su conjunto.

No será posible un verdadero compromiso con el Nunca Más al terrorismo de Estado mientras no alcancemos la verdad. Por eso, la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas, la investigación de los crímenes, el acceso a la verdad, el funcionamiento de la Justicia y la reparación no pueden seguir dependiendo del gobierno de turno: tienen que ser políticas de Estado. No políticas partidarias, no decisiones circunstanciales, no esfuerzos fragmentados.

Y una política de Estado requiere voluntad política. Quizás esa sea hoy la palabra ausente: voluntad. Voluntad para ordenar, para exigir respuestas, para abrir archivos, para enfrentar silencios y para asumir que también dentro del Estado existen resistencias. La función del poder político no puede ser resignarse frente a ellas, sino superarlas. ¿Qué clase de país nos deja esta resignación?

Casi cincuenta años han pasado. Quienes éramos niños cuando nuestros familiares fueron detenidos y desaparecidos hoy somos personas adultas. Quienes éramos jóvenes hoy tenemos hijas y nietos. Muchas madres, padres, esposas, esposos, hermanos, hermanas y compañeros murieron esperando una respuesta que nunca llegó. A la voz de las familias se suma, año a año y desde cada rincón del país, la de todo un pueblo: ¿dónde están?

Porque nosotras también estamos envejeciendo y cada año que pasa importa. No estamos reclamando una respuesta abstracta. Estamos hablando de personas que quisimos y seguimos queriendo. Personas que tuvieron una vida, una familia, proyectos, amigas e hijos. Estamos hablando de un país que resistió a la dictadura y a la barbarie, y que encendió una luz para que hoy ustedes, nosotros, todos, tengamos libertades.

Es tiempo de decisiones políticas. Es tiempo de respuestas.

Cincuenta años, tres generaciones, dos sentencias internacionales y familias que todavía no podemos enterrar a nuestros seres queridos.

Queremos saber qué pasó. Queremos saber dónde están. Queremos encontrarles.

No algún día. Ahora.

Memoria, Verdad y Justicia Nunca Más Terrorismo de Estado

Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos